El 11J en Cuba: contextos, circunstancias y escenarios
Este es un artículo de opinión para IPS de Carlos Alzugaray, exdiplomático y profesor universitario; ensayista y analista político cubano.
Manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorren las inmediaciones de la sede de la Asamblea Nacional de Cuba, en el paseo del Prado de La Habana, durante las protestas antigubernamentales estalladas el 11 de julio en el país insular caribeño.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
LA HABANA, 20 jul.- Las manifestaciones del domingo 11 de julio a lo largo y ancho del territorio cubano no deberían haber sorprendido. Los cubanos llevaban meses sufriendo penurias cada vez mayores. Algo tenía que pasar.
A pesar de los numerosos errores e insuficiencias de la política económica, algunos reconocidos por Raúl Castro, el propio presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes, hasta ese día, se mantenía incólume la percepción, ahora puesta en duda, de que el gobierno cubano controlaba la situación, pues había heredado suficiente capital político y margen de maniobra.
Bastaba con apelar a la continuidad en la defensa de la soberanía y de las conquistas sociales de la Revolución. Se aceptaba algo que es solo parcialmente cierto: las excepcionales dificultades sufridas en los últimos meses se deben al bloqueo y a la pandemia, que era manejada con mucha solvencia. El tiempo estaba de su parte y podía llevar a cabo las reformas prometidas en el 2011 sin prisa, pero sin pausa, aunque a veces estas últimas parecían ser muy largas.
El 11 de julio cambió todo eso.
No cabe duda de que el detonante de la mayoría de estas manifestaciones y disturbios fue la campaña de desinformación y promoción del estallido social que se realiza persistentemente en las redes sociales desde fuera de Cuba, con apoyo de financiamientos de Washington.
Se han convertido en un elemento tóxico en la realidad nacional, que impacta sobre todo en jóvenes y especialmente en barrios empobrecidos. Esa campaña se combina de manera perversa con las propias medidas coercitivas unilaterales o bloqueo. Pero si esa campaña fue el detonante, también es cierto que no habría sido efectiva si no existiera un caldo de cultivo en los siguientes factores:
-el deterioro de la situación social en barrios empobrecidos (algo que no es nuevo pero que se ha agudizado en años recientes y no solo por la pandemia);
-el aumento de las enormes dificultades para conseguir alimentos, que las autoridades han sido incapaces de resolver;
-debido a los últimos brotes, especialmente en Matanzas, la falsa sensación de que el gobierno pudiera no ser tan eficiente como parecía en el manejo de la pandemia, tanto en su aspecto preventivo (vacunas y candidatos vacunales) como asistenciales (control de contagios y letalidad);
-una ineficiente estrategia comunicativa;
-una tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso.
El gobierno cometió y sigue cometiendo el error de subestimar y hasta ignorar que sus propias acciones o falencias, percibidas o reales, provocan el malestar ciudadano. Se ha aferrado a la narrativa de que el estímulo exógeno al estallido social es el único o al menos el principal causante.
A una semana escasa del 11 de julio, se observa a las autoridades intentando operaciones de control de daños. Pero ese esfuerzo sigue siendo incompleto o mal dirigido.
Para continuar por ese camino es imprescindible evaluar correctamente la situación política y social y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos sin atender los internos.
Ante todo, tiene que acometer con urgencia las reformas prometidas y garantizar que las mismas mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos. Las colas para alimentos se han convertido en un suplicio para cualquiera.
Un problema adicional que complica la situación es cómo contener a los elementos criminales que se aprovecharon de la situación para propiciar disturbios violentos sin que, al mismo tiempo, se cree la imagen, tanto dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional, de una represión excesiva contra manifestantes pacíficos.
Una de las primeras manifestaciones, la acontecida en San Antonio de los Baños, parece haber sido de estas, una protesta pacífica, como confirmó la presencia del presidente Díaz-Canel en esa ciudad ese día. Se trataba en gran medida de ciudadanos descontentos por penurias adicionales no adecuadamente justificadas por las autoridades.
Dentro de la sociedad cubana la experiencia de haber debatido y aprobado una nueva Constitución que contiene importantes elementos de respeto por el debido proceso no es un hecho menor. Entre los ciudadanos existe un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley a que las autoridades policiales están obligadas.
En cuanto a la estrategia de comunicación debe buscar el adecuado balance para sumar y recuperar apoyos y evitar perder aún más de éstos. Hay una evidente erosión de la capacidad de convencimiento del argumento que todo se debe al bloqueo, más allá de que sea una verdad comprobable. El abuso de ese argumento sin enfocarse autocríticamente en los propios conduce a una pérdida aún mayor de credibilidad
Las autoridades deben intentar superar dos obstáculos político-ideológicos importantes. El primero es que aún prevalece en la burocracia la vieja mentalidad estrecha del socialismo como un modelo estatista basado en la planificación centralizada, que minimiza el papel del mercado en la asignación de recursos.
El segundo nace de concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del estado de derecho que se estableció por la Constitución del 2019.
Esta tendencia arremete contra todo el que disiente endilgándole muchas veces epítetos como el de “centrista”, que se intentan convertir en sinónimo de contrarrevolución.
Las interpretaciones que se le están dando desde los medios oficiales a lo acontecido el domingo demuestran ese punto. Hay un intento de desprestigiar, disminuir y hasta criminalizar a todo el que se sumó a las protestas, calificándolos de “anexionistas”, criminales o “confundidos”. No todo el que participó cabe en esas descripciones ambiguas.
Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado.
A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus críticas.
Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También hay la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión.
A estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas fueron claros disturbios, ni de cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente.
Este vacío de información provoca que tanto la ciudadanía como actores externos puedan ser desinformados por aquéllos que tienen el evidente propósito de acosar al liderazgo cubano sin importarles más nada.
No se tiene en cuenta que en la ciudadanía ya se ha arraigado la idea de que la protesta pública pacífica es lícita y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que “la calle pertenece a los revolucionarios”.
Esa no es la respuesta más conveniente ni desde el punto de vista interno ni del externo, además de que atenta contra el estado socialista de derecho.
En resumen, estas manifestaciones son inéditas y llaman la atención sobre problemas internos de la sociedad cubana agudizados por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno norteamericano, que empobrecen al pueblo y acosan al gobierno cubano.
Es un reto de gran magnitud para un liderazgo político cubano que, a pesar de que ya ha sido puesto a prueba, está en proceso de consolidación en condiciones excepcionalmente adversas, no sólo por la pandemia.
Los desafíos son sumamente complejos, pero son también decisivos.
Los líderes cubanos harían bien en considerar que, en situaciones similares en otros contextos, la estrategia exitosa seguida por homólogos políticos afines ha tenido como divisa sumar y no restar; escuchar y no hacer oídos sordos a los reclamos legítimos.
https://www.ipscuba.net/sociedad/el-11j-en-cuba-contextos-circunstancias-y-escenarios/
The 11J in Cuba: contexts,
circumstances and scenarios
This is an op-ed for IPS by Carlos
Alzugaray, former diplomat and university professor; Cuban essayist and
political analyst. 20 July, 2021
Mostly young protesters roam the vicinity of Cuba's National Assembly headquarters on Havana's Paseo del Prado during anti-government protests erupted on July 11 in the Caribbean island country.
Photo: Jorge Luis Baños/IPS
HAVANA, 20 July .- The demonstrations on Sunday, July 11
throughout Cuban territory should not have surprised. Cubans had been suffering
increasing hardship for months. Something had to happen.
Despite the numerous errors and inadequacies of economic
policy, some recognized by Raúl Castro, President Miguel Díaz-Canel himself and
other leaders, until that day, the perception remained unscathed, now
questioned, that the Cuban government controlled the situation, since it had
inherited enough political capital and room for maneuver.
It was enough to appeal for continuity in the defense of
sovereignty and the social conquests of the Revolution. Something that is only
partially true was accepted: the exceptional difficulties suffered in recent
months are due to the blockade and the pandemic, which was handled with great
[skill]. Time was on his side and he could carry out the reforms promised in
2011 without haste, but without pause, although at times the latter seemed to
be very long.
July 11 changed all that.
There is no doubt that the trigger for most of these
demonstrations and riots was the campaign of disinformation and promotion of
the social explosion that is persistently carried out on social networks from
outside Cuba, with the support of funding from Washington.
They have become a toxic element in the national reality,
which impacts especially on young people and especially in impoverished
neighborhoods. That campaign is perversely combined with unilateral coercive
measures or blockades themselves. But if that campaign was the trigger, it is
also true that it would not have been effective if there were no breeding
ground for the following factors:
-the deterioration of the social situation in
impoverished neighborhoods (something that is not new but which has become
more acute in recent years and not only due to the pandemic);
-the increase in enormous difficulties in obtaining food,
which the authorities have been unable to resolve;
-due to the recent outbreaks, especially in Matanzas, the
false feeling that the government may not be as efficient as it seemed in the
management of the pandemic, both in its preventive aspect (vaccines and vaccine
candidates) and assistance (control of contagions and lethality);
-an inefficient communication strategy;
-a tendency to ignore, limit and even criminalize
dissent.
The government made and continues to make the mistake of
underestimating and even ignoring that its own actions or shortcomings,
perceived or real, cause citizen unrest. It has clung to the narrative that the
exogenous stimulus to social outburst is the only or at least the main cause.
With just a week to [after] July 11, authorities are
seen attempting damage control operations. But that effort remains incomplete
or misdirected.
In order to continue along this path, it is essential to
correctly assess the political and social situation and not to make the mistake
of blaming only external factors without addressing internal ones.
Above all, [the government] must urgently tackle the promised reforms
and ensure that they improve people's daily lives. Queues for food have become
an ordeal for anyone.
An additional problem complicating the situation is how
to contain the criminal elements who took advantage of the situation to lead to
violent unrest without, at the same time, creating the image, both within Cuban
society and in the international environment, of excessive repression against
peaceful demonstrators.
One of the first demonstrations, the one in San Antonio
de los Baños, seems to have been one of these, a peaceful protest, as confirmed
by the presence of President Díaz-Canel in that city that day. These were
largely disgruntled citizens by additional hardships not adequately justified
by the authorities.
Within Cuban society, the experience of having debated
and adopted a new Constitution that contains important elements of respect for
due process is no small fact. Among citizens there is a higher level of [legal process] to which law enforcement authorities are obliged.
As for the communication strategy, it must seek the right
balance to add and recover support and avoid losing even more of [it]. There
is a clear erosion of the ability to convince [with] the argument that it is all due
to the blockade, regardless of whether it is a verifiable truth. The abuse of
that argument without focusing self-critically on one's own [mistakes] leads to an even
greater loss of credibility
The authorities must try to overcome two major political
and ideological obstacles. The first is that the old narrow mindset of
socialism still prevails in the bureaucracy as a model based on central
planning, which minimizes the role of the market in the allocation of
resources.
The second is born of conceptions that define socialism
in authoritarian terms, ignoring or criminalizing the dissent of those who
recommend changes in the social model to make it more economically efficient
and more democratic and respectful of the rule of law that was established by
the 2019 Constitution.
This tendency lashes out at everyone who disagrees by
often foisting epithets such as "centrist" on them, which they try to
make synonymous with counterrevolution.
The interpretations that are being given from the
official media to what happened on Sunday demonstrate that point. There is an attempt
to discredit, diminish and even criminalize everyone who joined the protests,
calling them "annexationists," criminals, or "confused."
Not everyone who participated fits into these ambiguous descriptions.
There are real demands made peacefully, the ignorance of
which can be risky.
To this we should add that the official discourse
justifies the use of repressive violence and this negatively impacts sectors of
the population that remain on the sidelines, but watch with dismay everything
that happens. A case in point is that of intellectuals and artists who have
made their criticisms public.
The events have had a negative impact on Cuba's
international image. It is perceived that the authorities, including the
security authorities, were taken by surprise. There is also an appreciation
that the level of repression is being concealed.
At this stage there is still no number of detainees or
information on how many demonstrations took place, how many were peaceful, how
many were clear riots, or how many citizens took part. And, of course, there
are voices calling for the release of everyone who protested peacefully.
This information vacuum means that both citizens and
external actors can be misinformed by those who have the obvious purpose of
harassing the Cuban leadership without caring about anything else.
It does not take into account that the idea that peaceful
public protest is lawful and must be protected by law, to whose precepts the
government seems to have a negative attitude, has already taken root in the
citizenry, when [the government] reacts by proclaiming that "the street belongs to the
revolutionaries".
That is not the most appropriate response, either
internally or externally, and it is an attack on the socialist rule of law.
In short, these demonstrations are unprecedented and draw
attention to internal problems in Cuban society exacerbated by the unilateral
coercive measures of the United States Government, which impoverish the people
and harass the Cuban Government.
It is a major challenge for a Cuban political leadership
that, although it has already been put to the test, is in the process of
consolidating in exceptionally adverse conditions, not only because of the
pandemic.
The challenges are extremely complex, but they are also
decisive.
Cuban leaders would do well to consider that, in similar
situations in other contexts, the successful strategy followed by like-minded
political counterparts has had the motto of adding rather than subtracting;
listen and not turn a deaf ear to legitimate claims.
https://www.ipscuba.net/sociedad/el-11j-en-cuba-contextos-circunstancias-y-escenarios/
El 11J en Cuba y el papel de Estados Unidos: una
contribución al debate.
Por
Carlos Alzugaray
Reconocer
que muchas de las causas de las manifestaciones y disturbios que tuvieron lugar
el 11 de julio a lo largo y ancho del país recaen fundamentalmente en un grupo
de errores e insuficiencias del gobierno, como argumenté la semana pasada, no significa ignorar que
la política de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos hacia la Isla
ha sido uno de los factores que ha pesado fuertemente en el deterioro de la
situación económica y social del pueblo cubano. No se puede olvidar ni por un
momento que ese conjunto de sanciones que en Cuba se conocen como “el bloqueo”
lleva ya casi 60 años en vigor, ha sido reforzado criminalmente por la
administración de Donald Trump durante la pandemia, y es mantenido intacto por
la administración de Joe Biden, a pesar de sus promesas de campaña y de la
aguda crítica a su predecesor.
Según
reportó el 6 de septiembre pasado
la cadena NBC,
Biden se refirió al tema en los siguientes términos:
“‘Trataré de revertir las fracasadas políticas de
Trump que han infligido daños a los cubanos y sus familias,’ dijo Biden,
añadiendo que Trump ‘no ha hecho nada para adelantar la democracia y los
derechos humanos; por el contrario, la represión del régimen contra los cubanos
ha empeorado, no mejorado, bajo Trump.’”
Probablemente
sea el bloqueo económico, comercial y financiero la política hacia Cuba que
mayor continuidad ha tenido. Implantado por una Orden Ejecutiva de febrero del
1962 por el presidente John F. Kennedy, se venía pensando en él desde mucho
antes. Por órdenes del presidente Dwight D. Eisenhower a fines de 1959 todo el
aparato del estado norteamericano comenzó a trabajar en el desarrollo de una
política multi carriles para derrocar al gobierno cubano. El riel económico de
esa política tuvo el argumento desarrollado por el Vice Secretario Adjunto de
Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, en un Memorandum dirigido a su superior,
Roy Rubottom, el 6 de abril de 1960: “El único medio previsible para restarle
(a Castro) el apoyo interno es a través del desencanto y la desilusión basada
en insatisfacciones y limitaciones. . .
. debemos tomar todas las medidas para debilitar la vida económica en Cuba . .
. negarle fondos y suministros para que bajen los salarios y los ingresos y así
producir hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.”
Esas
medidas coercitivas unilaterales han sido reforzadas a lo largo de los años
hasta llegar a este momento crítico, en plena pandemia. Los períodos de
flexibilización han sido pocos, incompletos y de corta duración.
Ese
Memorándum demuestra que el bloqueo es política punitiva dirigida contra el
pueblo cubano. Lo de los derechos humanos o lo de que se impuso como respuesta
por las nacionalizaciones son cuentos de caminos que no resisten el menor
análisis de la documentación disponible ni del comportamiento de Estados Unidos
con otros países que sí son contumaces violadores de derechos humanos. Si uno
se atiene a lo que establece la Convención Internacional sobre el Genocidio, el
Memorándum Mallory tiene insinuaciones de una política genocida. Su artículo 2c
clasifica como una forma de genocidio el “Sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o
parcial.” Provocar el hambre ciertamente podría ser considerada como una forma
de destrucción física parcial.
Pero
hay dos elementos más que habría que apuntar. El bloqueo contra Cuba ha sido
declarado ilegal por la comunidad internacional que, además, ha exigido su
levantamiento incondicional, como lo demuestra que desde 1992 la Asamblea
General de Naciones Unidas ha votado en 19 ocasiones consecutivas a favor de una
resolución cubana titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América
contra Cuba”.
Este año, hace menos de un mes, esa
votación fue de 185 a favor y 2 en contra. Hasta aliados de Estados Unidos
que son críticos de la situación de los derechos humanos en Cuba han votado a
favor de esta resolución.
Pero
si existe un consenso a nivel de gobiernos sobre su ilegalidad y la exigencia
de su levantamiento incondicional, algo similar se puede decir de la sociedad
civil norteamericana e internacional. A pesar de la fuerte campaña mediática
negativa que con alguna justificación, pero no sin exageraciones mendaces, ha
caído sobre el gobierno cubano por el manejo de los acontecimientos del 11 de
julio, dos importantes iniciativas no gubernamentales se han manifestado por
estos días: Carlos Lazo ha continuado con su campaña “Puentes de Amor”, que se presentará en las
inmediaciones de la Casa Blanca este fin de semana, y un significativo grupo de
personalidades del mundo artístico y de la cultura a lo largo y ancho del mundo
han publicado un manifiesto en el New York Times con el significativo título de
Let Cuba Live.
Y no cabe duda de que la política de medidas coercitivas
unilaterales contra Cuba, que ya llevan casi 60 años en vigor son una suerte de
“guerra
económica” contra una “plaza sitiada”, como
argumentara Peter Beinart en el New York Times el 15 de febrero de este año en
una columna titulada “La otra guerra permanente de Estados Unidos”. Beinart criticó
las políticas de sanciones económicas en general, sobre todo contra países
pequeños, afirmando que
“Estados Unidos bloquea a adversarios más débiles,
asfixiando su comercio con el exterior. Es el equivalente moderno de rodear una
ciudad y hambrearla para someterla.”
Después de explicar por qué las sanciones por lo general
no logran sus objetivos como son los casos de Siria, Irán, Corea del Norte,
Venezuela y Cuba, Beinart las censura
en los siguientes términos: “Los
líderes norteamericanos prefieren castigar a poblaciones ya brutalizadas antes
de admitir los límites del poderío estadounidense”.
Por supuesto, el gobierno de
Washington ha rechazado los alegatos cubanos de que las manifestaciones fueron
provocadas por el bloqueo y por campañas mediáticas provenientes de centros en
Miami, pero lo cierto es que la administración de Joe Biden mantuvo las
extremas sanciones impuestas a Cuba por el gobierno republicano de Donald Trump
entre el 2017 y el 2021, 247 en total, incluso en plena pandemia, en una
política de presión máxima que empobrece al pueblo cubano mientras acosa a su
gobierno y no logra su objetivo confeso, el “cambio de régimen”.
Es evidente que se estaba fomentando
una tormenta perfecta a 90 millas de las costas norteamericanas.
La reacción inicial del
presidente estadounidense fue afirmar que Cuba era un “estado fallido” y que
como castigo no restablecería el envío de remesas, una de las sanciones que Trump
aplicó antes de abandonar el cargo y que el propio Biden prometiera revertir.
Sin embargo, apenas una semana
después, la Casa Blanca anunció estar estudiando dos medidas que contradicen ese
posicionamiento inicial. Anunció que se está estudiando el restablecimiento del
envío de remesas y la reapertura de los servicios consulares en la Habana,
cerrados por Trump en el 2017.
Como para contrarrestar las
críticas de que estas medidas demuestran una posición débil respecto a Cuba, la
administración anunció con bombos y platillos la aplicación de nuevas medidas
coercitivas unilaterales individuales, de dudoso valor y efectividad. Incluyó
en la política de sanciones a
individuos conocida como Ley Global Magnitsky, al Ministro de la FAR, General
Álvaro López Miera, y a la Brigada de
Tropas Especiales del MININT.
Sin embargo, con las propuestas
sobre remesas y reapertura de la sección consular en la Habana la
administración reconoce tácitamente que las sanciones han contribuido a las
tensiones sociales en la Isla. Otra cosa es si logran atravesar el “campo
minado” del proceso de toma decisiones sobre Cuba en Washington y una difícil
negociación con el gobierno cubano.
Como el propio presidente dijera
durante la campaña, las sanciones exacerban la ya crítica situación cubana.
Cabría preguntarse si sus asesores y él ya se han dado cuenta que provocar un
estallido social incontrolable a 90 millas, no está en el interés nacional de
Estados Unidos porque, entre otras, podría estimular la peligrosa idea de
intervenir militarmente.
Estados Unidos hace rato que
trata de retirarse de la interminable guerra en Afganistán. ¿Querrán probar qué
pasaría en Cuba? Es una pregunta que podrían hacerse los jefes militares y
otros dirigentes norteamericanos. Por lo pronto, Bob Menéndez, el Senador
demócrata que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y una de
las personas detrás de la política actual, ya se pronunció en contra. Pero
desde Miami y en Washington hay voces que lo piden a gritos.
En todo caso, Joe Biden ha
mostrado que no es Barack Obama en lo que a Cuba respecta. Pero eso es un
síntoma de debilidad de su liderazgo, lo que puede tener repercusiones en
América Latina y el Caribe, región en la que Cuba y las izquierdas que la
apoyan siguen teniendo importancia, como lo han mostrado los recientes procesos
políticos en México, Argentina y Bolivia.
Durante seis meses la
administración estuvo posponiendo cumplir las promesas de campaña y quedó
atrapada en el estrecho marco de la variante trumpista de la política
republicana hacia Cuba, que está basada en una ilusión: mediante la aplicación
de medidas coercitivas unilaterales extremas se logrará el ansiado “cambio de
régimen”. Los acontecimientos en el terreno y las decisiones y propuestas de
otros actores la han puesto a la defensiva.
El resultado neto es que muy
probablemente durante los próximos tres años se mantendrán sanciones contra
Cuba que empobrecerán aún más al pueblo cubano y acosarán a su gobierno, que
tendrá que convencerse, si no se ha convencido ya, que sólo una política
económica eficaz que fomente el desarrollo de las fuerzas productivas podrá
sacar al país de su actual crisis.
The 11J in Cuba and the role of the United States: a contribution to the
debate.
By Carlos Alzugaray On Cuba News July 27, 2021
Recognizing that many of the causes of the demonstrations and unrest that
took place on 11 July throughout the country fall fundamentally on a group of errors and inadequacies on the
part of the government, as I argued last week, does not mean ignoring the fact that the
policy of unilateral coercive measures of the United States towards the island
has been one of the factors that has weighed heavily on the deterioration of the economic and
social situation of the Cuban people. It cannot be forgotten for a moment that
this set of sanctions that in Cuba are known as "the blockade" has
been in force for almost 60 years, has been criminally reinforced by the
administration of Donald Trump during the pandemic, and is kept intact by the
administration of Joe Biden, despite his campaign promises and sharp criticism of
his predecessor.
As reported last September 6 by
NBC, Biden referred to
the issue in the following terms:
"'I will try to reverse Trump's failed policies that have inflicted harm
on Cubans and their families,' Biden said, adding that Trump 'has done nothing
to advance democracy and human rights; on the contrary, the regime's repression
of Cubans has worsened, not improved, under Trump.'"
It is probably the economic, commercial and financial embargo that has had
the greatest continuity in the policy towards Cuba. It was [created]
by a February 1962 Executive Order by President John F. Kennedy, [but the US]
had been thinking about [it] since long before. On the orders of President
Dwight D. Eisenhower in late 1959 the
entire apparatus of the U.S. state began to work on the development or a multi-lane policy to overthrow the Cuban
government. The economic [lane] of that policy had the argument developed by
the [Deputy] Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, Lester
Mallory, in a Memorandum addressed to his superior, Roy Rubottom, on April 6, 1960:"The only
foreseeable means to subtract (Castro's) domestic support is through
disenchantment and disillusionment based on dissatisfaction and limitations. . . .
we must take all measures to weaken economic life in Cuba . . . to deny him
funds and supplies to lower wages and incomes and thus produce hunger, despair
and the overthrow of the government."
These unilateral coercive measures have been reinforced over the years
until we reach this critical moment, in the midst of the pandemic. Periods of
flexibility have been few, incomplete and short-lived.
This memorandum demonstrates that the blockade is a punitive policy
directed against the Cuban people. Human rights or what was imposed in response
to nationalization are tales that do not stand up to the slightest analysis of the available
documentation or the behavior of the United States with other countries that
are persistent violators of human rights. If one abides by the International
Genocide Convention, the Mallory Memorandum has hints of a genocidal policy. Article 2c
classifies as a form of genocide the "Intentional subjection of the group
to conditions of existence which are to result in its physical destruction, in
whole or in part." Causing hunger could certainly be considered a form of
partial physical destruction.
But there are two more elements that should be pointed out. The embargo
against Cuba has been declared illegal by the international community, which
has also demanded its unconditional lifting, as shown by the fact that since
1992 the United Nations General Assembly has voted on 29 consecutive
occasions in favor of a Cuban resolution entitled "Necessity
of ending the economic, commercial and
financial embargo imposed by the United States of America against Cuba". This year, less than a month ago, that vote was 185 in favor and 2 against. Even allies of the United States who are
critical of the human rights situation in Cuba have voted in favor of this
resolution.
But if there is a consensus at the government level on its illegality and the
demand for its unconditional lifting,
something similar can be said of American and international civil society. Despite the strong negative media campaign
that with some justification, but not without mendacious
exaggerations, has fallen on the Cuban government for handling the events of
July 11, two important non-governmental initiatives have manifested themselves
these days: Carlos Lazo has continued
with his campaign "Bridges of
Love", which will be presented in the vicinity of the White House this weekend, and
a significant group of personalities from the artistic world and culture
throughout the world have published a manifesto in the New York Times with the
significant title of Let Cuba Live.
And there is no doubt that the
policy of unilateral coercive measures against Cuba, which have been in force
for almost 60 years, is a kind of "economic war" against a
"besieged square", as Peter Beinart
argued in the New York Times on 15 February of this
year in a column entitled "The other permanent war of the United
States". Beinart criticized economic
sanctions policies in general, especially against small countries, stating that
"The United States blocks
weaker adversaries, stifling their trade abroad. It is the modern equivalent of
surrounding a city and starving it to subdue it."
After explaining why sanctions
generally do not achieve their goals as are the cases of Syria, Iran, North
Korea, Venezuela and Cuba, Beinart censures
them in the following terms: "American leaders
prefer to punish already brutalized populations before admitting the limits of
American power."
Of course, the government in
Washington has rejected the allegations that the demonstrations were provoked by the blockade and by
media campaigns coming from centers in Miami, but the truth is that the
administration of Joe Biden maintained the extreme sanctions imposed on Cuba by
the Republican administration of Donald Trump between 2017 and 2021, 247 in
total, even in the middle of the pandemic, in a policy of maximum pressure that
impoverishes the Cuban people while harassing their government and does not
achieve its confessed goal, "regime change".
It is clear that a perfect storm was
being fomented 90 miles off the American coast.
The US president's initial reaction
was to
claim that Cuba was a "failed
state" and that as punishment he would not reinstate remittances, one of
the sanctions Trump applied before leaving office and that Biden himself promised to
reverse.
However, just a week later, the
White House announced it was considering two measures
that contradict that initial position.
He announced that he is studying the restoration of remittances and the reopening of consular services in
Havana, closed by Trump in 2017.
As if to counter criticism that
these measures demonstrate a
weak position vis-a-vis
Cuba, the administration trumpeted the implementation of new individual
unilateral coercive measures of dubious value and effectiveness. It included
in the sanctions policy [against] individuals known as the Global
Magnitsky Law, the Minister of the FAR, General
Álvaro López
Miera,and the Special Troops Brigade of the MININT.
However, with the proposals on
remittances and reopening of the consular section in Havana, the
administration tacitly acknowledges that the sanctions have contributed to
social tensions on the island. Whether they
manage to get through the "minefield" of Washington's decision-making
process on Cuba and a difficult negotiation with the Cuban government is
another matter.
As the president himself said during the campaign, the sanctions exacerbate the already critical Cuban situation. One might wonder whether he and his advisers
have already realized that causing an
uncontrollable social explosion 90 miles
away is not in America's national interest
because, among other things, it could stimulate the dangerous idea of
military intervention.
The U.S. has long sought to withdraw
from the endless war in Afghanistan. Will they want to prove what would happen
in Cuba? It is a question that military chiefs and other US leaders could ask themselves.
For now, Bob Menendez, the Democratic Senator who chairs the Senate Foreign
Relations Committee, and one of the people behind the current policy, has already spoken out against it. But from Miami and in Washington there are voices crying out for it.
If anything, Joe Biden has shown
that he is not Barack Obama when it comes to Cuba. But that is a symptom of
weakness in his leadership, which may have repercussions in Latin America and
the Caribbean, a region in which Cuba and the leftists who support it continue
to matter, as recent political processes in Mexico, Argentina, and Bolivia have
shown.
For six months the administration
was postponing fulfilling campaign promises and was trapped in the narrow
framework of the Trumpist
variant of Republican policy toward Cuba, which is
based on an illusion: through the application of extreme unilateral coercive
measures, the long-awaited "regime change" will be achieved. Events
on the ground and the decisions and proposals of other actors have put it on
the defensive.
The net result is that sanctions
will most likely be maintained against Cuba over the next three years, further
impoverishing the Cuban people and harassing its government, which will have to
be convinced, if it has not already been convinced, that only an
effective economic policy that encourages the development of productive forces
can get the country out of its current crisis.
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